La Carta Autonómica

Antonio Quiñones Calderón– A principios de agosto de 1897, Cánovas del Castillo es asesinado. En consecuencia, renuncia su Gabinete y la reina regente María Cristina llama a Sagasta a formar nuevo gobierno. En cumplimiento de su compromiso con los autonomistas, Sagasta gestiona, y logra, la Carta Autonómica para Puerto Rico, la que es concedida el 25 de noviembre siguiente. La Isla recibe con júbilo esta acción, pero no dura mucho la alegría. Junto a la Carta Autonómica se extiende a Puerto Rico el Título Primero de la constitución española de 1876, que incluye la Carta de Derechos concediendo a los puertorriqueños los mismos derechos de sus conciudadanos de la Península, y además se hace extensiva la ley electoral que rige en España, con aquellas modificaciones que se requieran en el caso local. Bajo la Carta, el gobierno de la Isla se rige por un gobernador general, designado por, y representante del rey, y un Parlamento Insular compuesto por dos cuerpos con iguales facultades: la Cámara de Representantes y el Consejo de Administración.
La Cámara, de 32 miembros, es elegida totalmente por el pueblo puertorriqueño, mientras que el Consejo de Administración se divide entre ocho elegidos localmente (por un colegio de compromisarios) y siete nombrados por el gobernador en nombre del rey. La Isla debe elegir, además, 16 diputados y cinco senadores a las Cortes españolas. Para tomar asiento en el Consejo de Administración se requiere: ser español; haber cumplido 35 años de edad; haber nacido en la Isla o llevar en ella cuatro años de residencia constante; no estar procesado criminalmente; hallarse en la plenitud de los derechos políticos; no tener sus bienes intervenidos; poseer con dos o más años de antelación una renta anual de 4,000 pesos, y no tener participación en contratos con el gobierno central o con el de la Isla, y además deben haber ocupado, previamente, uno de nueve cargos oficiales que se indican en el decreto. Los miembros del Consejo elegidos se renuevan por la mitad cada dos años. Los representantes son elegidos por cinco años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Para ser elegido representante se requiere ser español, de estado seglar, mayor de edad, gozar de todos los derechos civiles, ser nacido en la Isla de Puerto Rico o llevar cuatro años de residencia en ella, y no hallarse procesado criminalmente.
Para los efectos de la composición de la Cámara, la Isla es dividida en ocho distritos electorales, a saber: San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama, Humacao y San Germán. La ley electoral establece que se elegirá un representante por cada 25,000 habitantes. Es facultad del Parlamento Insular acordar sobre «todos aquellos puntos que no hayan sido especial y taxativamente reservados a las Cortes del Reino o al Gobierno central…» [y] le corresponde «estatuir sobre cuantos asuntos y materias que incumben a los ministerios de Gracia y Justicia, Gobernación, Hacienda y Fomento en sus tres aspectos de Obras Públicas, Instrucción y Agricultura», además de que puede estatuir «sobre la organización administrativa; sobre división territorial, provincial, municipal o judicial; sobre sanidad marítima y terrestre; sobre crédito público, bancos y sistema monetario». Al gobernador general están subordinadas «todas las demás Autoridades de la Isla, y será responsable de la conservación del orden y de la seguridad de la colonia».
Entre las funciones del gobernador general figura la de designar los secretarios de los cinco despachos que componen el Gabinete, a saber: de Gracia, Justicia y Gobernación; de Instrucción Pública; de Obras Públicas y Comunicaciones; de Agricultura, Industria y Comercio, y de Hacienda. Éstos pueden ser miembros de la Cámara de Representantes o del Consejo de Administración. En todo caso, son responsables de sus actos ante el Parlamento, y no ante el gobernador. La Carta Autonómica es recibida con gran entusiasmo en la Isla, ya que amplía grandemente el marco de acción del gobierno local incluyendo la participación de los puertorriqueños, aunque parcial, en su gobierno. Ciertamente, la Carta evidencia una valiosa tendencia hacia la renovación política local.