La Constitución de 1952 y la comunidad internacional

Mario R. Cancel Sepúlveda– El próximo movimiento de Estados Unidos fue presentar su informe sobre el proceso constitucional en la ONU. El anuncio de que Puerto Rico había alcanzado un “gobierno propio” se hacía con el objetivo de que se le retirara de la lista de territorios coloniales y se liberara a su país de presentar informes periódicos sobre la situación de la isla. Con ello se obtenía una victoria mediática importante en una comunidad internacional que veía a Estados Unidos como una amenaza imperialista. Con ese fin en mente, se presentó lo que luego fue conocido como la Resolución 748 (VIII).
La aprobación de la contención de la Delegación de Estados Unidos en la ONU fue cuesta arriba. Los representantes de la Comunidad Internacional se resistían a reconocer al ELA como una forma de soberanía legítima. Las presiones de Estados Unidos sobre los miembros indecisos de la organización fueron enormes. A pesar de ello, solo se consiguió que 26 países votaran en favor de la Resolución 748 (VIII). El hecho de que 16 le votaran en contra, y que 18 se abstuvieran, es demostrativo de que lo sucedido en Puerto Rico tampoco convenció a la comunidad internacional. Sin embargo, la aprobación de la misma a principios de 1953, junto conla victoria del PPD en Puerto Rico, diseminó la opinión oficial de que la organización internacional había reconocido “la condición de gobierno propio del Estado Libre Asociado”. La guerra mediática internacional para sostener aquella postura fue enorme. La palabra de la ONU en 1953 ha sido apelada con mucha insistencia por los populares moderados para ratificar sus posturas por lo menos hasta el 2016.
Una presión que me parece fue crucial para demostrar la “sinceridad” del gobierno de Estados Unidos fue cuando, el delegado de Estados Unidos Henry Cabot Lodge, llevó un mensaje directo del Presidente Dwight D. Eisenhower al foro. En el mismo se afirmaba que aquel país le concedería a Puerto Rico cualquier tipo de gobierno que quisiera cuando lo quisiera -ya fuese la estadidad o la independencia-, siempre y cuando mediara una petición formal del gobierno del ELA. La lógica de la petición era curiosa: el control del PPD de la maquinaria de gobierno local cancelaba cualquiera de aquellas posibilidades. Se trataba en realidad de una propuesta vacía.
Con todo, el mensaje conmocionó a los puertorriqueños. Estimuló a los anexionistas a continuar su labor militante con un joven Luis A. Ferré a la cabeza. Y asustó a los populares más moderados quienes no parecían preparados para considerar el ELA como un estatus interino. La idea de Eisenhower parece haber sido la de producir un efecto concreto en la comunidad internacional: que Puerto Rico tenía en el ELA el gobierno que quería darse. Las campañas de Muñoz Marín y los ideólogos del PPD que pintaban un futuro apocalíptico y catastrófico en la independencia, y la disolución cultural en la estadidad, habían sido efectivas en la conciencia de la gente.
Una respuesta nacionalista
La contestación política más contundente se dio en marzo de 1954 cuando un comando nacionalista de 4 personas, ataque al Congreso de Estados Unidos en Sesión. Lolita Lebrón comandó el grupo compuesto por Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero. La actitud de Muñoz Marín –trasladarse a Washington a pedir disculpas en nombre del país- demuestra que el efecto de la agresión fue enorme en su momento. La situación era por demás tensa. Pedro Albizu Campos, quien había sido indultado en 1953 con el propósito de “cerrar el asunto de 1950”, justificó públicamente la agresión. Su alegato era que, dado que Puerto Rico era un país ocupado militarmente desde 1898, existía un estado de guerra con Estados Unidos. La acción del comando nacionalista era un acto de justi belli y rebelión legítima contra el tirano. La guerra entre la nación y el imperio no siempre se redujo al choque de metáforas. Las expresiones de Albizu Campos fueron interpretadas como una nueva violación de la Ley 53 o de la Mordaza por lo que fue preso otra vez, acto que generó una nueva ola de arrestos contra independentistas y nacionalistas.
El efecto moderador de todo ello en el independentismo electoral está por estudiarse. En las elecciones de 1956, el PIP cayó a un 12.4 % del apoyo electoral en unos comicios en los cuales la abstención alcanzó el 26 % del universo electoral. Todo parece indicar que la cuestión de la violencia fue crucial en el debilitamiento electoral del PIP igual que había sido uno de los puntos de debate más divisionistas en el seno del nacionalismo desde 1930. En la práctica, el estado represivo disolvió la distinción entre independentistas violentos y no violentos en la medida en que la aplicación de la Ley 53 o de la Mordaza afianzó la tradición del “carpeteo” o el “fichado” de ciudadanos que cuestionaban el orden o mostraban reservas sobre la situación local. Aunque la Ley 53 o de la Mordaza fue derogada en 1956, ello no detuvo la vigilancia. Como se sabe, entre 1948 y 1989, más 133,000 personas fueron consideradas subversivas por el Estado. Cuando se junta la mano dura, la vigilancia y el temor con el cambio de régimen vivido en la década de 1950, se comprende mejor la debacle del independentismo por aquel entonces. En realidad, el proyecto nunca se ha recuperado del todo de aquella tragedia histórica.