La elección general de 1917

Aprobada la nueva ley orgánica, todo el liderato político puertorriqueño comienza una nueva jornada en busca de más pasos de avance político, incluyendo la elección del gobernador a través del voto de los puertorriqueños y el derecho de la Legislatura puertorriqueña a legislar sin restricción alguna. En medio de esa lucha, el 16 de julio de 1917 se celebra la primera elección general bajo la ley Jones. Como anotado anteriormente, esta es una elección especial que compensa la que debía celebrarse en 1916 bajo la anterior ley, que se pospone hasta que el Senado federal considere y apruebe la vigente. En esta elección, para la que tienen derecho al voto 244,530 personas, votan 175,006 (71.5%). La Unión obtiene su séptimo triunfo consecutivo, pero no tan espectacular como los anteriores, al acumular 90,155 votos, frente a los 60,319 de los republicanos y los 24,468 de los novatos socialistas.

[Elección general de 1917:
Partido Unión de Puerto Rico: 90,155 votos.
Partido Republicano Puertorriqueño: 60,319.
Partido Socialista: 24,468].

Los unionistas triunfan en cinco distritos senatoriales (San Juan, Arecibo, Aguadilla, Guayama y Humacao), y los republicanos en los restantes dos: Mayagüez y Ponce. Los pupitres senatoriales se dividen en 13 unionistas, 5 republicanos y un socialista (Iglesias, por acumulación). En la Cámara de Representantes, los unionistas eligen 24 miembros, los republicanos, 14 y los socialistas, uno (José H. Aldrey, por Humacao). Respecto a los municipios, 52 quedan en manos de los unionistas, 18 en el control de los republicanos y seis en poder de los socialistas. En esta elección ocurre un incidente que vale destacar: realizados los escrutinios locales y general, el candidato republicano a senador por acumulación, Santiago Veve Calzada, es certificado como elegido. Pero los socialistas impugnan la certificación, asegurando que quien tiene la mayoría de los votos para el cargo es Iglesias. Éstos acuden al Consejo Ejecutivo, el organismo electoral supremo, donde presentan su impugnación, pero sus miembros declaran la misma sin lugar. Iglesias decide entonces elevar la querella al Senado, como juez de sus propios actos y de la validez de sus actas. El Senado ordena abrir los paquetes electorales y al contarse nuevamente los votos, efectivamente Iglesias aparece con más votos que Veve Calzada. En consecuencia, el líder socialista es certificado ganador del escaño. De Diego es elegido speaker de la Cámara de Representantes (como lo ha sido de la de Delegados desde 1907), y Barceló se convierte en el primer presidente del Senado. Félix Córdova Dávila es elegido comisionado residente en los Estados Unidos. En esta elección se somete al electorado una consulta en torno a la llamada prohibición, esto es, sobre la deseabilidad o no de prohibir la venta de bebidas alcohólicas en Puerto Rico, resultando aprobada la prohibición por 102,423 votos contra 64,227. Votan 166,650 electores (68%) de los 244,530 hábiles para votar. Dice Fernando Picó en su Historia General de Puerto Rico:

«Detrás de esta medida estaba el cabildeo de un número de líderes religiosos, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, quienes creían que la solución de los problemas sociales del país estribaba en terminar con el alcoholismo. Para ellos, el método seguro para ese fin era acabar con la manufactura y el consumo de bebidas embriagantes.
Varios grupos religiosos y el Partido Socialista apoyaron la medida en la campaña eleccionaria, mientras que el Partido Unión y el Partido Republicano no tomaron posición respecto a la misma…

Aunque adoptada con gran entusiasmo y con anterioridad a que los Estados Unidos lograran una enmienda a la constitución en igual sentido, ‘la Prohibición’, como se le llamó popularmente, se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades y en un símbolo de la enajenación cultural del país. La intervención del estado en las decisiones y en la conducta personal de los individuos vino a convertirse en una parodia de la responsabilidad gubernamental de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Los numerosos arrestos por operación de alambiques y por posesión de bebidas alcohólicas sólo sirvieron para demostrar la imposibilidad de legislar una moralidad ajena a las costumbres del país. Las bebidas fermentadas en alambiques clandestinos no siempre se destilaron y envasaron siguiendo normas mínimas de higiene y contribuyeron a complicar los problemas de salud pública. Una sub-cultura del contrabando y del clandestinaje mermó la capacidad del estado para intervenir en asuntos de mayor envergadura y las autoridades policiales a cargo de alambiques quedaron desprestigiadas.

La Prohibición cesó finalmente en el 1933, cuando la enmienda a la constitución de los Estados Unidos que la hizo posible fue derogada. Entretanto, contribuyó a la criminalización de algunos sectores del país. La experiencia de este estatuto puso de manifiesto lo inútil y lo arbitrario que resulta imponerle a toda una población un código moral ajeno».