La elección municipal de 1899

Antonio Quiñones Calderón: En agosto de 1899 el nuevo gobernador militar George W. Davis (el tercero desde el inicio del régimen militar) convoca a elección para elegir los funcionarios municipales a través de toda la Isla. Esta elección comienza en Adjuntas el 26 de octubre siguiente y concluye el 5 de febrero de 1900 en Yauco. La votación es conocida como la de los cien días, por el número de días que toma desde su inicio hasta su conclusión, ya que se efectúa siguiendo un orden alfabético de los pueblos y bajo la estricta supervisión del ejército. Pueden votar en esta elección los varones mayores de 21 años de edad, que sepan leer y escribir o paguen $16.00 de alguna contribución sobre la propiedad. Para ser candidato a un cargo municipal hay que ser propietario. Las juntas de votación están integradas por un representante de cada uno de los dos partidos en competencia y un tercer miembro, que es un oficial del Ejército norteamericano, el único facultado para fijar la hora de apertura y cierre de los colegios de votación. Ciertamente, en este aspecto, las restricciones de este proceso electoral constituyen un retroceso para el país comparado con lo dispuesto por la anterior Carta Autonómica. La enorme rivalidad entre republicanos y federales por conquistar el mayor número de votos lleva a la realización de una campaña electoral altamente belicosa. Partidarios de una colectividad se dedican a destruir la propaganda de la otra y a agredir a sus oponentes, y los de ésta responden con igual fiereza. Surgen lo que se da en llamar «las turbas», a las que pertenecen partidarios de ambas colectividades. En San Juan, los republicanos «parecían mejor organizados y más agresivos y militantes. Lo contrario parecía ser cierto en algunos pueblos de la Isla, donde los federales eran más fuertes». Efectuada la elección – en la que votan 51,569 electores (no hemos podido constatar el número de inscritos), los federales obtienen 28,800 votos, frente a los 22,769 de los republicanos, triunfando los primeros en 44 municipios y los republicanos en 22. Debido a su pobre organización electoral, el Partido Obrero Socialista no participa en esta elección.
[Elección municipal de 1899:

Partido Federal: 28,800 votos.
Partido Republicano Puertorriqueño: 22,769].

Ni siquiera los embates del devastador huracán San Ciriaco, que ha azotado a Puerto Rico el 8 de agosto, detiene el furor electoral previo a los comicios de 1899. El huracán deja un saldo de 3,369 muertos y destruye el 90 por ciento de la cosecha del café, de la que viven más de 250,000 personas de los 953,000 habitantes de entonces.
A raíz de esta elección se acentúa la pugna entre la militancia de ambos partidos, presidida ésta por agrios personalismos. La pugna lleva a ambos bandos inclusive a discrepar en algo que realmente los une: el deseo ferviente – como es el de prácticamente todos los puertorriqueños – de que concluya el régimen militar y el Congreso norteamericano organice para la Isla un gobierno civil centrado en las instituciones democráticas de Estados Unidos de América. Veamos. Ante el clamor casi unánime de los puertorriqueños en procura de que cese el gobierno militar, el presidente del Partido Federal, Muñoz Rivera, envía, con fecha del 30 de diciembre de 1899, una comunicación al presidente del directorio del Partido Republicano notificándole la decisión de los federales a los efectos de que sea una sola comisión – de federales y republicanos conjuntamente – la que gestione ante el Congreso de Estados Unidos la defensa de los intereses políticos y económicos de la Isla. Es el parecer de los federales que tal gestión, realizada por comisiones separadas de las dos colectividades, resultará menos intensa y eficaz que si se realizara por una sola compuesta por uno o varios representantes de cada colectividad. Señala Muñoz Rivera en su carta que como ambas colectividades parecen coincidir en los puntos más importantes de sus programas, el comité ejecutivo federal estima «patriótico y oportuno», que se invite al directorio republicano a fin de que él estudie el asunto y vea si debe o no cooperar a la acción común de que se trata. Las bases de la gestión podían ser: «1a. Constitución Civil de Puerto Rico, en el término más rápido que el Congreso considere posible», y «2a. Solución del problema económico por el libre cambio, por el canje de la moneda y por la autorización dada a los organismos insulares para contratar empréstitos con destino a la agricultura y a los trabajos públicos». Puntualiza Muñoz Rivera: «Para que los representantes, Republicanos y Federales, lleven a Washington una forma fija de conducta, sería conveniente que los partidos delegasen aquí a algunos de sus miembros; y que ellos, reuniéndose, desde luego, acordaran juntos las líneas generales de conducta a que habría de obedecer la Comisión. Todo lo cual no impide que Federales y Republicanos continúen disputándose la victoria en los comicios, según hoy se la disputan, ni que en la tribuna y en la prensa esfuercen la propaganda de sus ideas. Se busca únicamente el mejor medio de que el país pida, ante los altos poderes de la Metrópoli, lo que han escrito en su programa los dos únicos partidos que funcionan en su seno».
La respuesta de rechazo de la sugerencia por el directorio republicano al federal es contundente. A través de Rossy, sostiene el directorio republicano que para «obtener fruto de una acción colectiva en Washington, que abarque la totalidad del problema puertorriqueño, político, económico, agrícola, financiero y social, sería necesaria una genuina representación, no sólo de los partidos políticos organizados o que con tal carácter se presenten, que son más de dos puesto que ya ha luchado el llamado independiente, y aspira a influir en la opinión pública con legítima esperanza el elemento obrero, que es indispensable factor social; sino también de todas las fuerzas activas del país, que en el comercio, en la agricultura, en la industria y en la vida social buscan y piden soluciones para sus respectivos intereses, en cuanto tienen un carácter general y son elementos insustituibles en la resolución íntegra del problema puertorriqueño». Rechazan los republicanos la invitación a concurrir colectivamente ante el Congreso, «porque sustentando una política diáfana, categórica y conscientemente dirigida a vivificar aquí el espíritu americano que ha hecho grande a los Estados Unidos, en medio de su natural grandeza y que hará grande a Puerto Rico a pesar de su pequeñez, por el régimen de la democracia, único medio de que los pueblos sean dueños de su destino y tengan un gobierno justo; si el Partido Federal acepta y defiende como él dice estos ideales nuestros, es innecesaria la previa inteligencia colectiva que pudiera desvirtuar la fuerza y el ascendiente en la opinión de cada cual, porque entonces de la gestión de cada partido, ante los poderes públicos de Washington, aparecería evidente la conformidad de ideas y pareceres».
«Además», agrega Rossy, «no es posible olvidar los hechos del pasado, que encierran innegable enseñanza para el porvenir. En días críticos para Puerto Rico, porque se trataba de la instauración del gobierno local, el partido Autonomista, que representaba la tradición popular y que forma hoy la mayoría del Partido Republicano Puertorriqueño, realizó el admirable acto político de unirse a su contrario, el partido Sagastino o Liberal español, que forma en su casi totalidad el Partido Federal, para implantar el régimen de la autonomía, buscando la concordia, la paz moral y el bienestar del país, a fin de que el nuevo gobierno insular no fracasara y España se viera obligada a no intervenir más en nuestros asuntos locales. Pero aquella unión fracasó, porque el Partido Liberal se vio obligado a sostener sus compromisos con Sagasta, sacando contra la voluntad popular a los diputados nacionales que aquél le impuso. Así resultaron las elecciones de marzo del 98, que oscurecieron las más abominables del gobierno español, cuyas violencias fueron innecesarias, porque si el partido Liberal representaba dicha mayoría, nunca debió haber falseado la voluntad del pueblo».
Termina la carta advirtiendo que el Partido Republicano «cumplirá con su deber realizando activamente su programa; y si con éste coincide el partido Federal y cumple también con su deber, sin necesidad de inteligencias extemporáneas y tardías, se oirá una sola voz en Washington para que Puerto Rico entre resueltamente en el régimen de la democracia republicana, que es el derecho, la justicia y la libertad para todos y cada uno de los puertorriqueños».
A partir de este intercambio epistolar, se profundiza aún más la pugna entre liberales y republicanos.