Los primeros partidos políticos puertorriqueños

Antonio Quiñones Calderón- Las agrias desavenencias entre los adeptos de las tendencias liberal y conservadora, así como la fuerte lucha de los criollos por reformar el régimen colonial de la Isla, desembocan finalmente en la creación de los primeros partidos políticos puertorriqueños. El primero en fundarse – el 20 de noviembre de 1870 – es el Partido Liberal Reformista, cuyo programa se manifiesta «en términos claros y precisos, a favor de la asimilación política, económica y administrativa de Puerto Rico con España. Solicitaba la extensión de la Constitución de la Monarquía a Puerto Rico e indicaba, además, la conveniencia, necesidad y justicia de que se resolviera el problema social, es decir, la esclavitud». Creada la colectividad, se designa un comité consultivo en el que figuran destacadamente Pedro Gerónimo Goico, como su presidente; José Julián Acosta, Julián Blanco Sosa, Nicolás Aguayo Aldea y José María Porrata, vocales, y José Francisco Díaz, secretario. Otros líderes importantes del partido, y de la asimilación de Puerto Rico con España, son José de Celis Aguilera, José Pablo Morales Miranda, Manuel Corchado Juarbe y Juan Hernández Arvizu. Mientras tanto, los adeptos de la tendencia conservadora se reúnen el 11 de marzo de 1871 y estudian la creación de lo que en mayo se constituye en el segundo partido político puertorriqueño: el Partido Liberal Conservador. Su comité ejecutivo hace claro que el partido es liberal «en todo lo que significa progreso económico y social para Puerto Rico, pero conservador en lo político, y procede a subrayar su agudo y exagerado españolismo…». Son sus principales líderes, José R. Fernández (Marqués de la Esperanza), quien pasa a ser su presidente; Pablo Ubarri, Francisco de Paula Acuña, Manuel Valdés Linares, José Cuchí, Eduardo Palau, Bartolomé Borrás y Pedro Gutiérrez del Arroyo. De cara a la primera elección partidista en la historia de Puerto Rico, se utiliza por primera vez la impresión y distribución de circulares y hojas sueltas, así como la de fotografías de los candidatos a diputados y senadores, en cartelones que son fijados en diferentes lugares públicos. También se aprueban y circulan, por primera vez en la historia electoral de la Isla, los programas de gobierno («la plataforma», como horriblemente suele llamársele hoy) de los partidos en contienda.
El programa del Partido Liberal Reformista, redactado principalmente por Blanco Sosa, dice que es conveniente que se traten y resuelvan, con el criterio liberal, y a la luz de los principios proclamados por la Revolución de septiembre, todas las reformas en los ramos de administración política, económica, administrativa y social de esta Isla, y acepta «el principio de la asimilación política con la Madre Patria; pero asimilación completa, haciendo extensivo a esta Isla en todos sus artículos, el Título I de la Constitución de la Monarquía,* que trata de los derechos individuales, sin otra diferencia que en lo relativo al sufragio, pues están conformes con el que establecen los proyectos de ley municipal y sobre gobierno y Diputación Provincial de esta Isla, o sea que sólo tengan derecho electoral los que paguen cualquier cuota de contribución al Estado o sepan leer y escribir. Bien entendido que si admiten esta modificación no es atendiendo a circunstancias de localidad, sino porque en los principios del Partido Liberal Reformista está que esa misma modificación sería conveniente en la metrópoli. Acepta, asimismo, «el principio de asimilación en la gestión económico-administrativa, siempre que esa asimilación sea completa y concediéndose mayor suma de facultades a la Diputación y Ayuntamiento de esta Antilla, como está en el pensamiento del gobierno, atendida la distancia, para que puedan resolver aquellas cuestiones del exclusivo interés de la provincia y de los municipios», y «no la necesidad sino la conveniencia y la justicia de que se resuelva definitivamente y cuanto antes el problema social, conciliando los intereses generales de la nación y del país con los particulares de ambas partes directamente interesadas en la cuestión, la cual confía a la sabiduría de las Cortes».
El programa del Partido Liberal Conservador es más específico que el de los reformistas en términos de que incluye en el mismo, además de su convicción igualmente asimilista, temas relacionados con el crédito, las obras públicas, el comercio, la transportación y el trabajo. Dice en parte el programa que se trata de «liberales conservadores; liberales, porque lejos de ser reaccionarios y retrógrados, como se nos ha pintado, queremos el progreso en todo lo que realmente contribuir pueda al adelanto efectivo de esta provincia, al desenvolvimiento de su riqueza moral y material», que quieren que «se creen bancos que nivelen y regularicen el crédito… carreteras, puentes, caminos, y si fueren posibles ferrocarriles, que faciliten la circulación de nuestros frutos, dando impulso a la agricultura, valor a las fincas y aumento a los jornales de esa clase trabajadora que tratan de engañar haciéndola entender que son sus enemigos los propietarios, siendo así que son sus naturales protectores», que el capital y el trabajo son hermanos… que quieren «un profesorado patriótico, instruido, moral y bien retribuido, que creando escuelas bien dirigidas, propague gratuitamente para todos una sana y sólida educación en los pueblos de la Isla; y que para los jóvenes de talento y de recursos se cree en esta Capital una bien organizada Universidad, de la cual no salgan, como salieron de La Habana, ingratos enemigos de España… (y) la descentralización municipal para que no haya dilatados trámites que entorpezcan o maten la iniciativa local de los Ayuntamientos».
Aboga también porque en los presupuestos haya «toda la economía que sea compatible con la marcha de la administración y la seguridad de la Provincia», y en lo económico-administrativo, aboga por cuantas reformas tiendan «a desenvolver la riqueza general y particular de este suelo privilegiado, cuantas reformas haya sancionado la experiencia como conducentes al bienestar, prosperidad e ilustración de todos los habitantes». De manera que se describen sus huestes como «liberales en lo económico-administrativo, liberales también en lo político hasta donde las especialísimas circunstancias lo permitan sin peligro del orden, sólo somos conservadores de nuestra gloriosa nacionalidad, de nuestras sabias leyes, de nuestro rico idioma y de nuestros usos y costumbres. Hombres de nuestra época, nosotros no rechazamos el progreso, españoles por convicción y por conveniencia, nosotros posponemos todo a aquella calidad de tales».
Como se ve, ambos programas son de corte asimilista; defienden la presencia de España en Puerto Rico e insisten en que sus afiliados son españoles y desean ser tratados como tales. Así las cosas, el 3 de junio de 1871 dicta el gobernador Gabriel Baldrich la convocatoria a la primera elección partidista en Puerto Rico, que se efectúa entre el 20 y el 23 de ese mismo mes. A tenor con lo dispuesto en la ley electoral de la Península, la Isla se divide en 15 distritos, en lugar de los tres anteriores. Por cada distrito se elige un diputado, además de seleccionarse cuatro senadores que corresponden a la provincia como sus representantes en el Senado español. Se reconoce el sufragio a todas las personas mayores de 25 años de edad que se hallen en goce pleno de sus derechos civiles, sepan leer y escribir o paguen cuarenta pesetas de contribución al Estado. De una población de alrededor de 600,000 habitantes, se registran apenas 19,931 electores, de los cuales votan 15,851. Los liberales reformistas logran elegir 14 de los 15 diputados en contienda, al obtener 10,782 votos, frente a tan sólo 4,109 de los conservadores. Otros 893 votos son dispensados a unos llamados conservadores tibios, geógrafos o patos, y 67 votos son inutilizados. En esta elección se eligen, por primera vez, cuatro senadores, en conformidad con la ley electoral de 1870 y la constitución española de 1869 que, además del Congreso de Diputados, dispuso un Senado. La próxima elección se efectúa del 2 al 5 de abril de 1872, y en ésta los conservadores logran una mayoría de ocho diputados frente a siete de los liberales.
Según afirma el distinguido historiador Lidio Cruz Monclova: «Estas elecciones, por la corrupción e inmoralidad que las calificaron, obtuvieron triste celebridad, siendo designadas desde los primeros días con el nombre de elecciones pulidas, en obsequio y reconocimiento de quien, para manipularlas, había hecho gala de su dominio del arte de las supercherías electorales. Y en verdad que bien lo merecía. Pues el General Gómez Pulido* había realizado una obra extraordinaria en su género, haciendo que, por sus manejos, el electorado liberal mermara en más de cinco mil (5,000) votos y el conservador aumentara en más de ocho mil quinientos (8,500) votos, respecto a 1871». El triunfo conservador ha de desvanecerse muy pronto. El 13 de junio de 1872 – apenas dos meses después de la elección anterior – cae del poder español el gobierno Sagasta a causa de un desfalco de dos millones de reales tomados de las Cajas de Ultramar para asuntos electorales. El rey disuelve las Cortes y ordena una nueva elección, que tiene lugar entre el 24 y el 27 de agosto siguiente, bajo un nuevo gobernador, el general Simón de la Torre. En esta elección, los liberales eligen 14 de los 15 diputados en contienda. Los conservadores eligen tan sólo a su candidato de la Capital, José Laureano Sanz, ya que en los otros catorce distritos van al retraimiento en protesta por la actitud del gobernador De la Torre, quien había sustituido a varios de los alcaldes nombrados por su antecesor Gómez Pulido. Los liberales alcanzan 9,463 votos frente a 1,292 de los conservadores. Entre ésta y la siguiente elección ha de darse un acontecimiento de singular significación para la Isla: el 22 de marzo de 1873 se decreta la abolición total de la esclavitud y unos 30,000 esclavos quedan libres en el país. Otros dos sucesos tienen también gran importancia: el 17 de abril una nueva ley electoral liberaliza bastante el proceso electoral para los varones, aún con lamentables restricciones, y el 30 de abril se decreta la libertad de imprenta. Con relación a la nueva ley electoral, ésta declara electores a todos los individuos mayores de veintiún años que paguen cualquier cuota de contribución directa al Estado o que sepan leer y escribir. La elección de mayo de 1873 representa una total victoria para los liberales, quienes eligen sus 15 diputados, ante el retraimiento general que mantienen los conservadores. El 15 de julio siguiente, el gobernador Rafael Primo de Rivera promulga la vigencia de la ley municipal española de 1870 que no había sido extendida a la Isla y convoca a elecciones de ayuntamientos para los días del 13 al 16 de agosto siguiente. Según describe Rafael María de Labra en un manifiesto a los puertorriqueños: «Dado su carácter de corporaciones económico-administrativas, enco­men­dose a los Ayuntamientos, como de su exclusiva competencia, la gestión, gobierno y dirección de los intereses particulares de los pueblos, y en particular cuanto se relacionaba con el establecimiento y creación de servicios municipales referentes al arreglo y ornato de las vías públicas, comodidad e higiene del vecindario, fomento de sus intereses materiales y morales, buen orden y vigilancia de todos los servicios, aprovechamiento, cuidado y conservación de todas las fincas, bienes y derechos pertenecientes al Municipio y establecimientos que de él dependen, y determinación, repartimiento, recaudación, inversión y cuenta de todos los arbitrios o impuestos necesarios para la realización de los servicios municipales». Como era natural, agrega, «estableció la ley que todos los acuerdos de los Ayuntamientos en asuntos de su competencia fueran inmediatamente efectivos, sin perjuicio de los recursos que contra los mismos cupiesen. Pero hay otro género de acuerdos, cuyos efectos trascienden de la esfera en que se mueve la vida del Municipio, por más que recaigan en asuntos de la competencia municipal y respecto a éstos exigió la Ley, para que fuesen ejecutivos, la aprobación de la Comisión Provincial, de la Diputación Provincial en pleno, o del Gobierno Central, según los casos». Necesitan «la aprobación de la Comisión Provincial los relativos a reforma y supresión de establecimientos municipales de beneficencia e instrucción, a las podas y cortes en los montes del Municipio o a contratos que se refiriesen a los edificios inútiles para el servicio a que estaban destinados, y a los créditos particulares a favor de los pueblos…».
Celebradas las elecciones de los ayuntamientos, los liberales obtienen un triunfo total, toda vez que los conservadores continúan en su plan de boicot electoral.