Nuevos reveses aguardan a la Isla

Antonio Quiñones Calderón– El 22 de abril de 1837 se expide una Real Orden «por la que (se) confería al gobernador de Puerto Rico las facultades que más conduzcan a la seguridad de la Isla, al propio tiempo que le instruía para que redoblase la vigilancia contra los malvados que aparentaban apetecer una libertad que no entienden, reprimiese la prensa, la introducción de libros, folletos y periódicos y aplicase, con energía, las Leyes de Indias». En mayo siguiente, la nueva constitución española dispone que la Isla, como las otras provincias, han de regirse por «leyes especiales», esto es, por determinaciones dictatoriales y opresivas, que, entre otros males, suprimen la representación en las Cortes y eliminan la Diputación Provincial. Otro largo espacio – esta vez de unas tres décadas – se abre en el tortuoso camino hacia el ansiado avance político de la Isla.
Tres acontecimientos de gran significado histórico ocurren en el año 1868, los cuales ayudan a entender los próximos desarrollos electorales en la Isla. Primero, estalla la insurrección de Cuba, que ha de durar una década y se conoce como el Grito de Yara. Casi simultáneamente, un norteamericano – Mathias Bruckman –, y un venezolano –, Manuel Rojas – dirigen en Lares un grupo de 400 hombres que en la gesta conocida como el Grito de Lares proclaman la república independiente de Puerto Rico. Pero contrario a lo ocurrido en Cuba, en Lares, como dice Carmen Ramos de Santiago: «El grito fue sólo eso, un grito, un lamento que se perdió en la apatía del pueblo puertorriqueño. Fracasó, también, porque no contó con los elementos adecuados para una operación militar, y porque hubo que adelantar los acontecimientos y su líder máximo, el doctor Betances, se hallaba en el exilio.
Su fracaso probó que el separatismo no estaba arraigado en Puerto Rico». No obstante, Olga Jiménez de Wagenheim dice en su libro El Grito de Lares-sus causas y sus hombres, que si bien es cierto que los rebeldes fracasaron en su propósito de liberar a Puerto Rico, «su esfuerzo no deja de tener valor», ya que la gesta «dejó hondas huellas en la historia de Puerto Rico y causó un gran impacto en el gobierno colonial». Dice que aunque España pretendió ignorar la revuelta, a raíz de ésta hizo varias concesiones a la Isla. Destaca la autora que dos de los principales logros que deben adscribirse al Grito son: la abolición de la esclavitud y la autorización para organizar los primeros partidos políticos puertorriqueños. (página 231) El tercer acontecimiento del año es la Revolución Septembrina en España que derriba de su trono a la Reina Isabel II. Instalado un nuevo gobierno provisional, éste emite un decreto por el que se da a los puertorriqueños nuevamente el derecho a enviar sus representantes a las Cortes. Para la elección de los diputados la Isla es dividida en tres circunscripciones – San Juan Bautista, Arecibo y Mayagüez –, entre las cuales se eligen once diputados.
Según el derecho electoral que se establece en el decreto para la elección, tienen derecho a votar los ciudadanos españoles mayores de 25 años de edad que paguen por impuesto territorial o subsidio industrial o de comercio, una cuota de dos mil reales. Además pueden votar, «primero, los individuos de las corporaciones científicas y literarias y los de las Sociedades Económicas de Amigos del País; segundo, los doctores y licenciados en todas las facultades; tercero, los ordenados in sacris; cuarto, los funcionarios administrativos, facultativos y del orden judicial, del gobierno, activos, cesantes o jubilados; quinto, los generales, jefes y oficiales del ejército y la armada, estuvieran o no en activo servicio, y los de las Milicias de la Isla; sexto, los directores o jefes de establecimientos industriales y gerentes de los comerciales, aun cuando no fueran propietarios; séptimo, los pintores y escultores que hubieran obtenido premio en las exposiciones nacionales o internacionales; y octavo, los profesores o maestros de cualquier enseñanza que se diera en establecimientos públicos».
Observe el lector la sintonía elitista puesta en este «derecho electoral». A las anteriores restricciones al voto se une la que decreta el gobernador José Laureano Sanz en febrero de 1869 a los efectos de excluir de las listas electorales a «todos los deudores a los fondos públicos, estuvieran o no apremiados por la Hacienda o por las corporaciones municipales, cualquiera que fuera la época del débito, y aun cuando tuvieran el carácter de capacidades, porque el débito a los expresados fondos era una de las causas que privaban del derecho electoral». Estas restricciones – que muchos tildan de abusivas – tienen el efecto de que de los cerca de 650,000 habitantes con que cuenta la Isla apenas votan unos 4,000 electores. Pero Sanz hace más: suprime la constitución española, establece un oprobioso régimen militar y comienza a emitir decretos, uno tras otro, dirigidos a abacorar y si posible eliminar a los liberales, contra los que lanza la Guardia Civil y el Instituto de Voluntarios, destituye a los maestros puertorriqueños a los que sustituye con españoles, acaba con el derecho de reunión y la inviolabilidad de domicilio, suprime la libertad de prensa y prohíbe las veladas literarias, focos – según él – de conspiraciones contra España.
En la elección de 1869 resultan elegidos siete diputados conservadores y cuatro liberales. Con ello inicia un largo período de competencia entre ambas tendencias políticas, y entre los autonomistas y asimilistas en que se divide el liberalismo. La próxima elección se efectúa en junio de 1871. Para entonces, han surgido los primeros partidos políticos en Puerto Rico.