ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA -En el último tercio del siglo XVIII y las primeras décadas del XX las economías de Puerto Rico y Cuba iniciaron un fuerte proceso de crecimiento y especialización, básicamente en la producción de azúcar, ayudadas por una excepcional coyuntura del mercado internacional y por medidas de fomento ideadas para aprovechar tales circunstancias y dotar a ambas islas de los recursos que escaseaban internamente. En el caso de la Gran Antilla tales factores no hicieron sino incentivar un proceso que había comenzado antes, pero en el de Borinquen son esenciales para explicar dicho crecimiento. Al finalizar la mencionada coyuntura y acabar el período reformista de la administración colonial, hacia finales de la década de 1830, en Puerto Rico se estancó, mientras el de la vecina isla inició su fase de mayor expansión gracias a que las dificultades pudieron afrontarse con cambios tecnológicos y organizativos que permitieron mantener e incluso mejorar la competitividad de los ingenios.1
INTRODUCCIÓN
Con el fin de racionalizar y mejorar la explotación del vasto imperio americano, los reyes de la nueva dinastía que gobernaba España desde los albores del siglo XVIII, se plantearon en la segunda mitad de esa centuria una remodelación, conocida habitualmente como las Reformas Borbónicas. Las medidas más impor tantes se tomaron después de la década de 1760, no por casualidad, tras la invasión inglesa de La Habana, que mostró la fragilidad de las defensas de Indias y ratificó el desfase e ineficacia del monopolio y del sistema de flotas con que se realizaban los intercambios entre ellas y la metrópoli. Por la misma razón, tampoco fue azar que las disposiciones que liberalizaron las relaciones mercantiles y articularon un nuevo orden hacendístico, cuyos hitos fueron el Reglamento de Comercio Libre y la institución de la Intendencia, se ensayaran el Caribe y concretamente en Cuba.
Brevemente, pues no es este el lugar ni hay espacio para ello, las reformas fueron permitiendo, primero de modo excepcional (sobre todo en tiempo de guerra), luego continuado a pesar de la restauración de las prohibiciones y, finalmente, de forma ordinariamente legal, el comercio con países extranjeros amigos y autorizaron progresivamente a un número cada vez mayor de puertos en España y América para realizarlo. Las primeras disposiciones en ese sentido se dieron para impedir que los constantes conflictos en el Caribe, que interrumpían el flujo mercantil, dejasen desabastecidas las islas, sobre todo durante la independencia de los Estados Unidos, y tras la conclusión de ésta, con el fin de que se beneficiasen de la demanda del nuevo país de productos tropicales que antes adquiría en las colonias de su antigua metrópoli británica.
Para tener qué intercambiar se dieron una serie de disposiciones que fomentaron
el desarrollo del cultivo de frutos tropicales, café, tabaco y azúcar, entre otros. Se liberalizó la tierra, incluso se otorgó suelo en propiedad a quienes establecieron explotaciones, se eximió de aranceles la importación de los bienes que aquéllas necesitaron, se eliminaron temporalmente o se recortaron ciertos impuestos, por ejemplo, las contribuciones territoriales o el diezmo, se abrieron las puertas a la inmigración extranjera, sobre todo después de 1791, cuando la Revolución de Haití eliminó la oferta del principal exportador de dulce en ese momento y muchos de sus hacendados se trasladaron a Cuba y Puerto Rico. Además, se autorizó la entrada de capital foráneo y, debido al despoblamiento de ambas islas, se suprimieron todo tipo de trabas a la trata de esclavos, que dotaron de mano de obra a las plantaciones. A cambio de poder comprar y vender a terceros países sus productos, finalmente, la metrópoli impuso unos aranceles que le permitían extraer parte de las rentas generadas por tales actividades, financiar la administración de los territorios y engrosar los excedentes en su erario, pues no había en ella un mercado capaz de absorberlos, tanto por la insuficiencia del consumo interno, como la ausencia de una industria que los usase de materia prima. Todas las medidas arbitradas para favorecer el desarrollo económico de Puerto Rico y Cuba desde mediados del siglo XVIII se reforzaron a principios del XIX, tras el inicio de las guerras de independencia de la América continental hispana. La necesidad de que aquéllas se autofinanciasen y generasen recursos para la Hacienda metropolitana aumentó cuando dejaron de percibir la renta —el llamado situado— que México destinaba a su sostenimiento militar y portuario, esencial sobre todo en el caso boricua. Además, de Tierra Firme llegaron a dichas islas inmigrantes con capital, esclavos y, en algunos casos, experiencia agrícola, huyendo de las
luchas emancipadoras o de los conflictos civiles que padecieron enseguida muchas de las nuevas Repúblicas. Igual que los franceses de Haití antes, recibieron incentivos, contribuyeron a mantener la fidelidad de la Gran Antilla y Borinquen a España, y también ayudaron al progreso de la agricultura y el comercio2.
Cuba y Puerto Rico, sin embargo, no se hallaban en las mismas condiciones cuando empezó el proceso reformista. En la primera ya se había iniciado el desarrollo de la plantación comercial y las medidas de fomento tuvieron como efecto impulsarlo. En la segunda fueron mucho más importantes. De hecho, hasta el nombramiento en 1813 del primer Intendente, Alejandro Ramírez, ni siquiera contó con un sistema fiscal y contable y una política económica mínimamente organizada3. Por eso se ha señalado que si en la Gran Antilla no estalló un movimiento independentista en los albores del siglo XIX fue por el temor a que éste interrumpiese su crecimiento y, además, pudiese provocar una revuelta de los ya numerosos esclavos, como ocurrió en Haití4. Mientras, en Borinquen, aunque mediaron algunos de esos factores, parece que la escasa maduración de su sociedad explica también la ausencia de levantamientos emancipadores significativos.
En consonancia con la idea anterior, hay que tener en cuenta, además, que el gobierno español tuvo la habilidad suficiente para sortear las presiones abolicionistas de la trata de Gran Bretaña, y ésta pudo continuar a pesar de los reiterados tratados sobre el asunto firmados a partir de 1817. La esclavitud, como hemos dicho, era imprescindible para el crecimiento de la producción azucarera y, seguramente, el interés de la Administración londinense en el mantenimiento del statu quo en el Caribe, que ayuda a explicar su escaso celo en el cumplimiento de tales acuerdos, no habría sido el mismo en el caso de que Puerto Rico y, sobre todo, Cuba se hubiesen emancipado5.
Otro factor clave en la construcción de un nuevo nexo colonial, según ha apuntado la historiografía, fue el establecimiento de unos vínculos políticos y económicos entre las elites de ambos lados del Atlántico que compensasen la falta de relaciones de mercado como las de Gran Bretaña con sus posesiones, gracias a la inmigración española, que hasta el inicio del proceso abolicionista de la esclavitud fue pequeña, pero muy importante en la producción y el comercio —exceptuando la canaria, familiar, campesina y más temprana— y que contó con el respaldo del Estado para el ejercicio de actividades mercantiles y financierocrediticias ligadas a las anteriores, que en el caso puertorriqueño monopolizaron casi por completo. Aunque recuperar el poder que se había ido perdiendo en las Indias fue también objetivo de las Reformas Borbónicas, inicialmente, la debilidad de una Administración en remodelación y la necesidad de que la oligarquía local participase en su reorganización y en el fomento de la economía, más aún cuando en otras zonas de América una parte de la misma se había declarado en rebeldía, confirió a los criollos un papel relevante en las decisiones mediante su presencia en instituciones semioficiales de gran influencia, por ejemplo, el Consulado o la Sociedad Económica de Amigos del País, incluso en cargos de relevancia, verbigracia, la Intendencia en Cuba. Tales privilegios, sin embargo, desaparecieron luego, especialmente a partir de finales de la década de 1830, al igual que muchos de los incentivos que proporcionaron las citadas reformas, cuando se consolidó el Estado y los liberales impusieron definitivamente sus tesis en el gobierno madrileño, proclives a una explotación más intensiva de la Gran Antilla y Borinquen y que, como veremos, fue posible gracias al desarrollo de la primera6.
NOTAS:
1 Este trabajo se realiza gracias a un Contrato Postdoctoral de la Comunidad Autónoma de Madrid y dos proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia, «La sociedad rural en Cuba: diversificación agrícola y formas de identidad, 1837-1937» (BHA2003-02687) y de la Fundación Carolina, «Más allá del azúcar. La economía colonial cubana en el último tercio del siglo XIX (crecimiento, estructura y relaciones con España)» (CEHI7/02). Agradezco los comentarios al mismo de los referees de la Revista de Indias.
2 Para un desarrollo más detallado y extenso de todos los temas mencionados, ver Bernard LAVALLE, Consuelo NARANJO OROVIO y Antonio SANTAMARÍA GARCÍA, La América Española, 1765-1898. Economía, Madrid, Editorial Síntesis (Colección Historia de España 3er milenio, dirigida por Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, núm. 20), 2002, y Antonio SANTAMARÍA GARCÍA y Alejandro GARCÍA ÁLVAREZ, Economía y colonia. La economía cubana y la relación con España, 1765-1902, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Colección Tierra Nueva e Cielo Nuevo), 2004.
3 Ver Luis E. GONZÁLEZ VALES, Alejandro Ramírez y su tiempo: ensayos de historia económica e institucional, Río Piedras, Editorial Universitaria, 1978, y Raquel ROSARIO RIVERA, La Real Cédula de Gracias de 1815 y sus primeros efectos en Puerto Rico, San Juan, Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, 1995.
4 Ver, por ejemplo, Pedro FRAYLE y Richard y Linda SALBUCCI: «El caso cubano: exportación e independencia», Leandro PRADOS DE LA ESCOSURA y Samuel AMARAL (eds.), La independencia americana: consecuencias económicas, Madrid, Alianza Editorial, 1993, pp. 80-101.
5 Sobre este tema ver, por ejemplo, Arthur F. CORWIN, Spain and the Abolition of Slavery in Cuba, 1817-1886, Austin, Texas University Press, 1978.
6 Ver Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, Pensamiento burgués y problemas coloniales en la España de la Restauración, 1875-1887 (2 volúmenes), tesis doctoral, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1982; Ángel BAHANDE y José G. CAYUELA, Hacer las Américas. Las elites coloniales españolas en el siglo XIX, Madrid, Alianza Editorial, 1992; José G. CAYUELA, Bahía de Ultramar. España y Cuba en el siglo XIX. El control de las relaciones coloniales, Madrid, Siglo XXI Ediciones, 1993; Izaskun ÁLVAREZ CUARTERO, Memorias de la Ilustración: las Sociedades Económicas de Amigos del País en Cuba (1783-1832), Madrid: Delegación en Corte de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 1999, o María D. GONZÁLEZ-RIPOLL, Cuba, la isla de los ensayos: cultura y sociedad (1790-1815), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Colección Tierra Nueva e Cielo Nuevo), 1999 para el caso de Cuba y, respecto al puertorriqueño, Laird W. BERGAD Coffee and the Growth of Agrarian Capitalism in Nineteenth Century in Porto Rico, tesis doctoral, Princenton, University of Princenton, 1983; Ana M. CARRILLO ÁLVAREZ, «El Consulado de Puerto Rico. Aportaciones a la historia de su creación», Anuario de Estudios Americanos, vol. 41, núm. 1, Sevilla, 1984, pp. 617-713; Ricardo R. CAMUÑAS, Hacendados y comerciantes en Puerto Rico en torno a la década revolucionaria de 1860, Mayagüez, s.n, 1993, y sobre todo, Birgit SONESSON, Puerto Rico’s Commerce, 1765-1865. From Regional to Worldwide Market Relations, Berkeley, LA, University of California-Los Angeles (UCLA) Press, 2000.
