Una lucha valerosa

Antonio Quiñones Calderón– Muchos de los jóvenes que acuden a emitir su voto por primera vez, en un colegio que les recibe a la hora de su conveniencia entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde, en el que pueden cotejar su nombre, dirección y número electoral en listas computadorizadas, y reciben tres papeletas separadas para votar por sus candidatos preferidos a cargos a niveles estatal, distrital y municipal, y saben que están protegidos por una Carta de Derechos del Elector, podrían pensar que así de fácil y cómoda ha sido siempre la historia política puertorriqueña. Muchos posiblemente no hayan leído sobre la hazaña heroica que ha protagonizado el pueblo puertorriqueño, a lo largo de muchos años, para alcanzar el derecho a elegir con sus votos a quienes quieren como sus gobernantes. Es cierto que ha sido azarosa la conquista de derechos del pueblo puertorriqueño en todos sus órdenes, pero principalmente lo ha sido en el ámbito político, entendido éste como medio vital para procurar fines superiores de adelanto económico, social y cultural. Pero también es cierto que ha sido valerosa esa lucha. De no haber sido por esto último, difícilmente se hubieran vencido tantos obstáculos y jamás hubiéramos podido alcanzar como pueblo el honroso sitial democrático que hoy reconocen propios y extraños. De esa lucha, y de esos logros, vistos con desapasionados lentes de objetividad, es que trata esta historia general de la política puertorriqueña.
A pesar de la heroicidad a que me refiero, ciertamente los adelantos políticos de Puerto Rico se han dado en espacios de bastante lentitud. Primero, han de transcurrir 15 años desde el Descubrimiento de Boriquén en 1493 hasta el inicio de la colonización en 1508, un paso hacia el potencial desarrollo de Puerto Rico como pueblo organizado. A partir de Juan Ponce de León en ese año, y a lo largo de cuatro siglos, la Isla descubierta por Cristóbal Colón ha de sufrir los embates colonialistas de la Corona Española. Como ocurre con todas las colonias de España entonces, la de Puerto Rico es administrada por un Consejo de Indias, la autoridad más importante en América después del rey. Para la más férrea administración local de sus colonias, España instituye el cabildo, el equivalente – salvando la distancia – de la actual alcaldía. Para entonces, mandan en cada pueblo dos funcionarios representativos de la Corona: el regidor o concejal, y los alcaldes ordinarios o magistrados. Ninguno de estos funcionarios es elegido por los residentes de las municipalidades. El control real del cabildo está siempre en manos de un oficial militar al que se da el rango de Teniente a Guerra.

El cacicazgo: primera institución de mando

Como asidero para entrar en la materia que nos ocupa, repasemos a grandes rasgos la llegada de Ponce de León a la Isla en 1508. Lo que encuentra en ella es, a decir de Arturo Morales Carrión en su Ojeada al Proceso Histórico y Otros Ensayos, una cultura taína de pobre creación, agricultura rudimentaria, juegos y ritos, y anémica estructura social. Todo ello, basado en una institución de mando conocida como de cacicazgo, esto es, el dominio del cacique o la cacica sobre el resto de la población. Pasan los años – y con ellos las rebeliones entre indios y españoles, y los piratas y los corsarios, y el situado (la primera manifestación de mantengo de que se tenga noticia) – y el cacicazgo viene a ser sustituido por el juez de residencia, cuya presencia, sin embargo, es rechazada como algo indebido en los asuntos locales. Entonces se intenta la institución del alcalde, impuesto por los vecinos. Pero también falla esta figura al promover dos de nuestras más duraderas instituciones: el compadrazgo y el amiguismo. Decide entonces la Corona gobernar a través de jueces letrados. Los años y los siglos pasan y apenas hay acontecimientos de gran monta para la Isla, que no sean los relacionados con el abandono y la negligencia de parte de la Corona hacia Puerto Rico.