Vieques: Herencia de lucha

Mario R. Cancel Sepúlveda- Algunos observadores teorizaron que el éxito del proyecto “Todo Puerto Rico con Vieques” representaba algo así como un laboratorio o un experimento que podría (re)producirse para enfrentar proyectos colectivos más abarcadores: el neoliberalismo o el coloniaje, por ejemplo. Sin embargo, las únicas causas que ha conseguido un apoyo semejante desde el 2000 al presente han sido aquellas vinculadas a las cuestiones del género y al ambiente cuya discursividad ha girado en torno a cuestiones concretas de derecho. El ambientalismo se ha ideo vaciando de cometido político abierto si se le compara con la militancia de la década de 1960 o 1970, por ejemplo.

El éxito de movimiento LGBTT, por ejemplo, se ha medido por el logro de la meta de la paridad ante la ley en cuestiones como el acceso a la legalización de sus relaciones en un matrimonio civil y el acceso a una serie de derechos -adopción, seguros médicos, herencia, bienes gananciales- que antes se limitaban a las parejas heterosexuales legalmente constituidas. El valor de esta revolución, no deja de serlo, se encuentra en que conmueve los fundamentos ancestrales de una cultura patriarcal y discriminatoria que apoyaba sus prejuicios en principios considerados sagrados o de origen divino, a pesar de discurso liberal, secular y moderno del cual hacían alarde. La acritud de los sectores religiosos y teístas fundamentalistas o no ante el logro, demuestra la profundidad del logro. No hay que olvidar que, en general, las izquierdas socialistas o socialdemócratas no hicieron suyo ese proyecto de igualdad sino tardíamente y que la percepción de buena parte de la gente que no es de izquierdas es que la reforma en el ámbito del género tiene un fuerte contenido humanitario y justicialista que legitima la defensa de la causa.

Vieques: del consenso al disenso

A fines de la década de 1990, la administración Rosselló González enfrentó la crisis producida por la muerte accidental de Sanes Rodríguez creando una Comisión Especial de Vieques (CEV). Ello resultaba una novedad: en lugar de echar el asunto debajo de la alfombra por tratarse de un incidente fuera de su jurisdicción, se tomaban cartas en el asunto. No solo eso, el primer informe rendido por la CEV apoyó los argumentos de los activistas que presionaban a la Marina de Guerra: el poder y la oposición coincidían de manera evidente por primera vez desde hacía mucho tiempo. La inusual armonía de 1998 no duró mucho. El 31 de enero de 2000, Rosselló González aceptó una propuesta del presidente Clinton para poner fin al conflicto sin tomar en cuenta muchas de las posturas de quienes defendían el fin de las prácticas en el terreno. El frágil consenso “humanitario” se quebró y el conflicto, que nunca había dejado de ser “político” tomó un rumbo inesperado. La experiencia de una “frente amplio” y “popular” capaz de convocar a todos los sectores para alcanzar causa común no tuvo un efecto permanente. El partidismo lo minó.

El acuerdo Clinton-Roselló González estipulaba que la Marina de Guerra se marcharía de la isla municipio en o antes del 1ro. de mayo de 2003. Vieques sería desmilitarizado y devuelto en etapas: en diciembre de 2000 se liberaría la parte oeste y en mayo de 2003 el resto del territorio. La manzana de la discordia entre la administración Rosselló González y “Todo Puerto Rico con Vieques” fue que los términos del acuerdo aceptaban que, en tanto durase la transición, la Marina de Guerra podría seguir haciendo ejercicios bélicos con balas inertes. y la condición que se imponía de que, para que todo funcionara como lo acordado, la “desobediencia civil” debía terminar. La garantía de que las prácticas finalizarían se afirmaba a través del hecho de que el calendario de las mismas se reduciría a la mitad. El acuerdo se había elaborado con el propósito de mediar entre los intereses civiles moderando la protesta y, a la vez, cumplir con los intereses militares. Sin embargo, en un momento de alta militancia como aquel, era poco probable que los términos del mismo fuesen aceptados sin resistencia por las partes. El acuerdo comprometía a la Marina de Guerra a descontaminar y limpiar las zonas una vez abandonase los predios, acordaba el nombramiento de un Comisionado de Vieques que articularía el proceso y sugería la celebración de un referéndum sobre el contenido de los acuerdo entre la población viequenses, consulta que debía celebrarse en febrero de 2002. No hay que olvidar que el 2000 era un año electoral en Puerto Rico, la imagen de Rosselló González se había ido degradando en el favor popular y los primeros síntomas del fin de la era de las empresas 936 habían comenzado a sentirse con el aumento acusado de la deuda pública durante su administración.

El acuerdo produjo que la cuestión de Vieques volviera a “politizarse”. Es cierto que el conflicto nunca había dejado de ser político, la presencia de una fuerza de combate del imperio en su colonia nunca dejará de serlo, pero el tono en el cual se había desenvuelto aquella lucha poseía un fuerte cariz humanitario en el cual los medios habían enfatizado constantemente. Cuando el acuerdo Clinton-Rosselló González se hizo público ocurrió un realineamiento de fuerzas que era predecible: el PNP y el PPD coincidieron en apoyarlo deslegitimaron la “desobediencia civil”. El PIP, “Todo Puerto Rico con Vieques” y el activismo soberanista e independentista no afiliado se opusieron al inciso y ratificaron su derecho a expresar su resistencia de manera no violenta cuando así lo requirieran las circunstancias. La protesta del 21 de febrero de 2000 contra el acuerdo Clinton-Rosselló González fue la más grande desde la marcha contra la privatización de la telefónica en 1999.

A pesar de todo, el acuerdo Clinton-Rosselló González fue puesto en práctica y el 4 de mayo de 2000 los alguaciles federales desalojaron a los desobedientes civiles sin procesar jurídicamente a nadie y sin incidentes que lamentar. El PIP fue la organización política más persistente y más visible en el propósito de mantener la “desobediencia civil” como un recurso legítimo al cual se podía apelar en aquel contexto, actitud que condujo al arresto de buena parte de su liderato aquel año. La ola de arrestos fue documentada intensamente por la prensa: entre 1999 y 2003 más de 1000 personas fueron procesadas sin que la situación condujera a la violencia. El desenvolvimiento del conflicto de Vieques parece haber sido uno de los componentes decisivos para la derrota de Rosselló González en los comicios de 2000. Tras los mismos, la solución definitiva del asunto quedó en manos del PPD y la gobernadora Sila M. Calderón Serra.